El 7 y 8 de julio de 1975 la CGT realizó la primera huelga general contra un gobierno peronista. El paro fue contra el “Rodrigazo”, el plan de ajuste salvaje lanzado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo con el padrinazgo político de Isabel Perón y de José López Rega, ministro de Bienestar Social de …
el ajuste y el quiebre en la historia económica argentina
El 7 y 8 de julio de 1975 la CGT realizó la primera huelga general contra un gobierno peronista. El paro fue contra el “Rodrigazo”, el plan de ajuste salvaje lanzado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo con el padrinazgo político de Isabel Perón y de José López Rega, ministro de Bienestar Social de Perón y de su viuda y sucesora, y jefe de la nefasta Alianza Anticomunista Argenitna (Triple A). El 6 de junio habían vencido los 2 años de suspensión de las paritarias previstos por el Pacto Social firmado en junio de 1973 por José Gelbard, ministro de economía primero de Héctor Cámpora y luego de Perón, José Rucci por la CGT y Julio Broner por la CGE. Por eso, la chispa que desató el incendio fue especialmente la decisión del gobierno de no homologar los convenios colectivos de trabajo.
El proceso de luchas que condujo a aquella huelga fue impulsado desde las comisiones internas y los cuerpos de delegados de centenares de fábricas que conformaban esa verdadera vanguardia activista a la que el dirigente radical Ricardo Balbín estigmatizó con el mote de “guerrilla fabril”. Sin someterse a la táctica “negociadora” de Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, desde las Coordinadoras Interfabriles forjadas al calor de la lucha por paritarias libres en las principales zonas industriales del país, ese activismo organizó huelgas y movilizaciones de masas que quebraron la táctica entreguista de la burocracia y la obligaron a declarar contra su voluntad la histórica huelga general del 7 y 8 de julio del ‘75.
López Rega y Rodrigo debieron renunciar. A las pocas semanas, el “Brujo” se fugó del país con la complicidad de Isabel. Fue encontrado en Miami por el FBI en 1986 y extraditado, para morir impune en 1989 en una clínica del barrio de Saavedra.
El plan de Perón y Gelbard: Pacto Social
Vayamos dos años antes, a junio del ’73. Nos hallamos atravesando el proceso de movilización obrera y popular más potente de la historia del país, abierto por el Cordobazo. Las organizaciones que han protagonizado la resistencia armada a la dictadura de Lanusse son vistas por importantes franjas de la población trabajadora con una simpatía que, además, se ha multiplicado con la Masacre de Trelew, de la que aun no se ha cumplido un año. Todavía no se habían producido los hechos de Ezeiza, la masacre que marcaría el fin de la “primavera camporista”. En ese contexto, el 6 de junio del ‘73 (a menos de dos semanas de la asunción de Cámpora como presidente) Gelbard, José Rucci por la CGT y Julio Broner por la CGE, firman el Pacto Social, la base del plan económico que impulsan Perón y su ministro de Economía.
En tales condiciones sólo la gigantesca concentración de peso político que reunía en sus manos Perón, retornado al país para cortar con su autoridad ese proceso de movilización obrera y popular, podía imponer el Pacto Social. Las masas obreras eran sin dudas mayoritariamente peronistas, pero asociaban el retorno del peronismo al gobierno con la recuperación del nivel de vida perdido después del Golpe Fusilador del ‘55.
Con toda lógica, no reaccionaron a la suspensión de las paritarias, el “sacrificio patriótico” que les pedía Perón, con un apoyo ni unánime ni, mucho menos, fervoroso. La propia burocracia sindical, atenta a este clima, fue renuente a firmar, y lo hizo finalmente a cambio de la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales que estableció las condiciones casi prohibitivas que se exigen todavía hoy para presentar listas en los gremios. Sin ellas, no hubiera podido sortear el desafío a sus posiciones dirigentes en el movimiento obrero que suponía el crecimiento en prestigio e inserción entre las bases obreras de las nuevas corrientes sindicales combativas que florecieron a partir del Cordobazo.
Justamente desde el sindicalismo combativo, Agustín Tosco, por entonces secretario adjunto de la importantísima CGT de Córdoba, arremetió contra el Pacto el 8 de julio del ‘73 en el mismo discurso en que a la vez proclamó a Córdoba “futura capital de la patria socialista.”, y en el que advirtió sobre la necesidad que desarrollaría el nuevo gobierno de echar mano de recursos fascistas para imponer su política económica. Montoneros, por su parte, salió a bancar “críticamente” el acuerdo, aunque sus militantes fabriles participaron y estimularon conflictos hasta la ruptura con Perón el primero de mayo del ‘74, cuando pasaron a denunciarlo. La izquierda sindical marxista ligada al PRT, al PST, a Política Obrera y a otros grupos menores se opuso de entrada al Pacto Social y organizó desde el primer día la lucha contra el acuerdo.
La inflación 0, premisa del plan, nunca se alcanzó. Los precios, especialmente después del estallido de la crisis petrolera mundial, siguieron aumentando, y por lo tanto los conflictos tampoco se detuvieron. La burocracia sindical pagó su apoyo con un desprestigio creciente frente a una izquierda sindical que reclamaba aumentos salariales y organizaba la lucha contra el Pacto. Como la “violación” del pacto social podía implicar la ilegalización de las huelgas y el despido, los trabajadores y los activistas disfrazaban los reclamos salariales con pliegos de reivindicaciones sobre cuestiones de seguridad, viáticos, ropa de trabajo, que finalmente se resolvían “salarialmente.” En varias oportunidades, y para contener a una CGT a su vez presionada por las propias bases obreras, Gelbard debió recurrir a la llamada “gran paritaria nacional”, que otorgaba aumentos salariales generales por decreto.
Promediando 1974 el plan estaba ya herido de muerte golpeado por los efectos demoledores de la crisis capitalista mundial que eclosionó a fines del ‘73 bajo la forma del aumento exponencial de los precios del petróleo. Apoyado en la utopía económica del congelamiento de los precios de la economía capitalista y entre ellos, fundamentalmente del salario, el plan oficial no podía más que naufragar. El 12 de junio, semanas antes de su fallecimiento, Perón se despedía de una Plaza de Mayo colmada con aquel célebre discurso de “la más maravillosa música”. Esa movilización, conviene recordarlo, fue convocada por la CGT en respuesta al mensaje que Perón había transmitido al mediodía por cadena nacional denunciando las trabas al funcionamiento del Pacto Social e, incluso, amenazando veladamente con renunciar.
María Seoane, en El burgués maldito, reproduce el siguiente relato de uno de los hombres de confianza de Gelbard, José Luis García Falcó: “[Gelbard] Estaba desesperado. Nos decía que no sabía cómo acelerar el plan económico. Nos decía que necesitaba que Perón viviera por lo menos 30 meses para que él pudiera asentar una nueva estructura de la economía argentina.” La angustiosa invocación de Gelbard a “los 30 meses” resuena como una expresión casi perfecta de la impotencia histórica del proyecto burgués nacional, al cuál sirvió probablemente con una lealtad y honestidad incomparables. Muerto Perón el 1° de julio, el plan económico y la propia posición de Gelbard en el gabinete agonizaban. Cercado por el lopezrreguismo que pretendía imponer el ajuste salvaje, y por la burocracia cegetista sometida a la presión de las bases, renunciará en octubre, luego de otorgar un aumento salarial que venía esquivando desde meses atrás, otra vez por la vía de la Gran Paritaria Nacional…
La clase obrera contra el Rodrigazo
Gelbard fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales, ex ministro del primer gobierno de Perón. En 1974 asumió con una devaluación del 50% del peso y levantando los controles de precios, aunque consciente de la imposibilidad de imponer un shock a una clase obrera organizada y movilizada. Por eso, promovió un entendimiento con la burocracia sindical, pactando con la CGT un aumento del 38% que le costaría el cargo. Fue para quebrar ese acuerdo que López Rega decidió volar todos los puentes e imponer el plan económico de shock reemplazando a Gómez Morales por Celestino Rodrigo.
Es posible que la experiencia del “Operativo Serpiente Roja” apadrinado por el entonces presidente de Acindar, José Martínez de Hoz, para descabezar a la dirección izquierdista de la UOM de Villa Constitución, y que consistió en la ocupación policial de la ciudad con 400 patrulleros durante más de un mes y en el secuestro de la comisión directiva y de más de 200 delegados, hubiera envalentonado a López Rega y a las grandes patronales que lo respaldaban. A la burocracia, y en eso no se equivocaba, se la podía comprar perfectamente, y las bases obreras podían ser derrotadas como en Villa Constitución.
El Rodrigazo suponía una devaluación del 100% y aumentos de la nafta y las tarifas por encima de esos porcentajes. El efecto fue una disparada de los precios acompañada de un masivo acaparamiento y desabastecimiento comercial. Durante las dos semanas que siguieron al anuncio del plan, y mientras entre las bases obreras el descontento crecía al mismo ritmo que los rumores que hablaban de un tope a las paritarias, la burocracia cegetista intentó encontrar una salida negociada en base a que el aumento del 38%, tal como habían pactado con Gómez Morales, se aplicara a las categorías más bajas, dando lugar a los reajustes correspondientes a cada Convenio.
La burocracia pretendía dejar pasar el Plan Rodrigo a cambio de concesiones que le permitieran defenderlo ante las bases. Rodrigo mantuvo su intransigencia: conscientes de la quiebra política del ciclo burgués nacional, Rodrigo, López Rega y el gran capital que los respaldaba pretendían imponer una reestructuración económica y social de fondo.
Pero las bases obreras se pusieron en movimiento inmediatamente, contradiciendo los cálculos del lopezrreguismo y la pasividad de la burocracia sindical. Las primeras reacciones se produjeron, no es extraño, en Córdoba. El 10 de junio, metalúrgicos y mecánicos de Materfer, Fiat- Concord, Thompson- Ramco, Perkins y Grandes Motores Diesel, marcharon a la Casa de Gobierno de Córdoba contra la fijación de cualquier tope salarial. El 12 de ese mes, 10 mil obreros se movilizaban a Plaza Vélez Sarsfield y otros tantos hacían un acto en Ferreyra. Una asamblea de la UOM de Santa Fé resolvía contra los dirigentes, un paro de 48 horas: la comisión directiva presentó la renuncia que no fue aceptada por Lorenzo Miguel.
El 16 de junio marcharon por la Panamericana los obreros de la Ford. Una asamblea de fábrica había repudiado días antes a la comisión interna del SMATA y había elegido una comisión de reclamos integrada por activistas de izquierda que se convirtió en los hechos en una nueva dirección sindical de la fábrica. A la columna de Ford se sumaron obreros de Atlántida, Wobron, Abril y otra fábricas. Hubo marchas similares en todo el Gran Buenos Aires.
La burocracia y el gobierno sintieron el impacto. Lorenzo Miguel salió al cruce de la situación: “…a los compañeros de base, a los compañeros del interior, para que tengan confianza, que el movimiento obrero organizado va a estar a la altura de lo que la clase obrera quiere.” (El cronista comercial, 17-6). Rodrigo abandonó su intransigencia y ofreció un 45%, aunque para todas las categorías. La CGT rechaza y pide una audiencia con Isabel. Al conocerse el Convenio Metalúrgico, que establecía un aumento de casi el 150%, Rodrigo pidió a Isabel un decreto que estableciera el tope salarial o de lo contrario renunciaría.
El rumor de que los convenios no serían homologados se volvió indudable y se extendió por todas las fábricas. Acorralada, la CGT convocó para el 27 a un paro con movilización a Plaza de Mayo que se cumplió en forma masiva, pero no sólo en Capital y Gran Buenos Aires como había dispuesto la central sindical, sino en todo el país. Ese día a Plaza de Mayo marcharon “85.000 personas (…) Ni siquiera se sintieron obligados a cantar la marcha peronista. En cambio, el Himno Nacional fue coreado en reiteradas oportunidades y a nadie le molestó que en las estrofas finales, cuando los peronistas levantan los dedos en ‘v’, otros llevaran el puño en alto” (Baizán y Mercado: Oscar Smith. El sindicalismo peronista ante sus límites).
Por la noche Isabel recibió en Olivos a la dirección de la CGT en una audiencia que fue transmitida por cadena nacional. Adalberto Wimer, de Luz y Fuerza y secretario de Prensa de la central sindical, pidió la homologación de los acuerdos paritarios. Isabel, bruscamente, dio por terminada la entrevista diciendo que ya tenía opinión formada, y que daría a conocer su decisión definitiva al día siguiente. La decisión tomada era otorgar un aumento del 50% y, por supuesto, no homologar los convenios colectivos de trabajo…
La semana obrera: del 30 de junio al 8 de julio
La decisión del gobierno desató, finalmente, la ola de huelgas y movilizaciones de mayor magnitud de la historia del país: un ciclo de huelgas y movilizaciones de masas que no se interrumpió hasta la derrota del gobierno. Clarín del 1-7 informaba: “Desde las primeras horas de ayer se produjeron en el Gran Buenos Aires y la Capital espontáneos paros de trabajadores y manifestaciones que confluyeron hacia la sede de la CGT. (…) El edificio de la central obrera estuvo constantemente rodeado por millares de obreros cuyas filas se renovaban a medida que pasaban las horas. (…) En la industria fue casi unánime la decisión de interrumpir las tareas y de marchar hacia la sede central de la CGT.”
La Nación titulaba ese mismo día: “No se permitirán concentraciones por el primer aniversario”. El gobierno peronista prohibía los actos por el primer aniversario de la muerte de Perón porque “podrían ser utilizados por la subversión”, una prueba contundente de la magnitud de la crisis política desatada por las protestas obreras.
Esas huelgas y marchas no se producían sin embargo, como decía Clarín, en forma espontánea. En Córdoba la paralización virtual arrastraba semanas y la propia CGT ortodoxa había declarado la huelga junto a la combativa Mesa de Gremios en Lucha, que representaba como mínimo a la mitad de movimiento obrero cordobés. El 28 de junio en el Gran Buenos Aires se había desarrollado el primer Plenario Plenario de las Coordinadoras Interfabriles de Capital y el conurbano, que resolvió organizar las primeras marchas a la CGT.
La marcha hacia la sede sindical para reclamar medidas de lucha era un recurso que las bases obreras venían practicando desde mucho antes, al mismo ritmo en que crecía su desconfianza hacia la burocracia sindical. Ahora, la idea de que se debía imponer a los dirigentes la huelga general ante la dimensión nacional que cobraban los hechos explica la decisión de marchar a Azopardo.
Pero la burocracia, aun desbordada, se negaba a cambiar de táctica. Las coordinadoras planificaron por lo tanto una marcha a Plaza de Mayo, el centro del poder político, para el 3 de julio, que fue clave en el descenlace del proceso que se había desatado. La lucha por los convenios se había elevado políticamente para convertirse en la lucha por la derrota del plan económico y por la renuncia, como mínimo, de Rodrigo y López Rega. Aquel día intentaron converger sobre Capital las 3 regionales de las coordinadoras de GBA, con columnas estimadas en alrededor de 10 mil obreros cada una de ellas, y que se sumarían a la columna de la regional Capital. En zona norte el núcleo de la movilización eran los obreros de Ford, en el oeste los de la metalúrgica Martín Amato, y en zona sur los metalúrgicos de SAIAR y los del vidrio de Rigolleau.
Las columnas de zona norte y oeste resolvieron en asamblea desconcentrase en la General Paz ante el descomunal operativo policial que les impedía el paso. La columna de zona Sur intentó pasar y fue reprimida en el Puente Pueyrredón, lo que dio origen a choques con la policía que duraron horas. Los trabajadores finalmente reventaron las cubiertas de los centenares de colectivos en que se habían movilizado y el tráfico del puente quedo interrumpido, sostienen algunos participantes, por varios días.
En La Plata, movilizados alrededor de los metalúrgicos de Propulsora Siderúrgica y de los trabajadores del Astillero Río Santiago, los obreros fueron reprimidos frente a la sede de la CGT y protagonizaron también combates de horas de duración. En Rosario miles de obreros entraron a la sede cegetista, de la que los dirigentes habían huido. En Córdoba, la movilización unificada de la CGT y la Mesa de Gremios en Lucha fue, según el testimonio personal de Abel Bohoslavsky, ex médico del sindicato de Perkins y militante del PRT, “de mayor magnitud de presencia callejera que en el Cordobazo y el Vívorazo.”
Los titulares de Clarín del 5 son muy elocuentes: “Gran Buenos Aires: Se mantuvo la paralización de las fábricas”, “Inactividad industrial en Córdoba y Rosario”. El país estaba en un estado de huelga general no declarada que desbordó y quebró la táctica negociadora de la burocracia. Casildo Herreras y Lorenzo Miguel volvieron de urgencia de la asamblea de la OIT en Ginebra y debieron convocar de inmediato al Comité Central Confederal que resolvió llamar a la huelga general del 7 y 8 de julio. Fue entonces que comenzó a circular en forma de broma, entre los trabajadores, que “La CGT adhirió a la huelga.”
La derrota del Plan Rodrigo probó que la reestructuración económica y social que la gran burguesía pretendía imponer no se podía aplicar por las buenas. Todavía bajo el gobierno de Isabel, en el verano del ‘76, el sexto ministro del gobierno peronista, Emilio Mondelli, pretendió ejecutar un plan similar al de Rodrigo. Desató una nueva ola de huelgas y movilizaciones que la gran burguesía decidió cortar con el golpe genocida. Y para escarmentar a la rebelde clase trabajadora argentina e imponer la política económica de Mártínez de Hoz, la dictadura descargó su furia sobre aquella vanguardia activista que había forjado una de las epopeyas más importantes que protagonizara la clase trabajadora argentina: las jornadas de junio y julio del ‘75 que derrotaron al Rodrigazo.
*Luis Brunetto es autor de «¡14250 o paro nacional! Bases obreras, direcciones sindicales y peronismo en la crisis del Rodrigazo».
