El martes y el miércoles pasados se cumplió parte del emplazamiento de la Cámara de Diputados para realizar las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (PyH) destinadas a avanzar con el tratamiento de la “Ley de leyes” para el año 2026, así denominada porque en ella se plasman prácticamente todos los aspectos esenciales …
La orientación de las políticas

El martes y el miércoles pasados se cumplió parte del emplazamiento de la Cámara de Diputados para realizar las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (PyH) destinadas a avanzar con el tratamiento de la “Ley de leyes” para el año 2026, así denominada porque en ella se plasman prácticamente todos los aspectos esenciales de las políticas económicas, que terminan impactando en la vida cotidiana y hacen, en definitiva, al modelo de país.
Creo que uno de los carriles que es imprescindible transitar es el de la recomposición de partidas relacionadas con la obra pública, la salud, la educación, etcétera. Y que, si se quiere trabajar en el marco del equilibrio fiscal, es preciso estudiar el aumento de las escalas del impuesto a los Bienes Personales (hoy ridículamente bajas) y otros mecanismos de progresividad que podrían generar mayores ingresos para atender necesidades insatisfechas y que demandan amplios sectores de la sociedad.
Al encuentro en Comisión asistieron el martes las segundas líneas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el eje del discurso oficial giró en torno a la necesidad de avanzar hacia un Estado más eficiente.
Durante mi intervención señalé que la búsqueda de la proclamada eficiencia era un argumento falaz, dado que desde el oficialismo se insiste en que el Estado es nocivo, y que debe reducirse al mínimo, a tal punto que varios funcionarios se definen como “anarcocapitalistas”, es decir, propician una sociedad capitalista sin Estado.
Podríamos decir que hay un importante consenso en la necesidad de contar con un Estado eficaz, en trabajar para que no haya corrupción, superposición de roles, cargos, etc. Pero aquí lo que nos están diciendo es que hay que sacar al Estado del medio, dejar todo en manos del mercado.
Siguiendo con las contradicciones del discurso oficial, señalé que no puede haber Estado eficiente si se eliminan la obra pública (decisión que pagaremos los argentinos y las argentinas más adelante), o el Compre Nacional, o se reduce el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Señalar estas acciones como un mérito de la gestión es toda una definición del modelo que propicia este gobierno.
En el ámbito privado, la búsqueda de productividad no puede producirse por la vía de la libre competencia, en particular de la que genera el ingreso irrestricto de bienes del exterior. ¿Qué necesidad hay de importar lo que se fabrica localmente? Y si bien se ha hablado de importar aviones usados, que no se producen aquí, el problema está en otro lado; por ejemplo cuando se habilita la importación de cosechadoras usadas, que sí se fabrican localmente. Ello genera el cierre de empresas, la intensificación de despidos, personas que a su vez dejan de consumir, y así se agravan la rueda recesiva y el ajuste fiscal.
¿Cómo se puede decir que se va por el buen camino cuando de pronto Argentina se vuelve importadora de naranjas, peras, o yerba? No es por un tema de productividad sino de desregulaciones y de tipo de cambio. En la misma línea, se conoció que en septiembre ingresó desde Brasil carne de cerdo (bondiola) por volúmenes similares a la producción local de un mes, todo un contrasentido que daña a las empresas y al empleo local. Estados Unidos, el ejemplo que toma de referencia el gobierno argentino, avanza con políticas de protección comercial.
En la Comisión de PyH, el miércoles se trató la cuestión laboral, y allí aparecieron claramente las diferencias entre los dos modelos. Se nos dice que con la reforma va a mejorar el empleo formal, eliminando leyes que benefician a los trabajadores, pero que se apunta a un esquema de empleo formal sin derechos. Al respecto, el gobierno intenta avanzar con los convenios por empresa con la lógica de los “salarios dinámicos”, que consiste en que los básicos de convenio pasen a considerarse como un techo (no un piso como hasta ahora), por debajo del cual cada empresa podrá pactar salarios diferentes. La ecuación es clara: pérdida de garantías para los trabajadores y las trabajadoras. En definitiva, se regula en contra de los más débiles.
Exigencias del Norte
Ante los cuestionamientos recibidos en su propio país, Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, señaló: “no queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”.
En el contexto del “cierre presupuestario” del gobierno estadounidense, hay quejas de miembros demócratas, pero también de republicanos en el Parlamento, debido a la ayuda prometida por el Tesoro. Donald Trump trató de justificar su postura y afirmó que la Argentina “se está muriendo”.
Agricultores y productores de carne estadounidenses también se expresaron en contra de la posición del presidente norteamericano, disconformes por lo que consideran un perjuicio. En el primer caso, tiene que ver con la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones del agro en Argentina; en el segundo, con la amenaza de Trump de ampliar la cuota de importación de carne argentina, con el objetivo de reducir el costo de la que se vende en Estados Unidos. Ante el descontento, la secretaria de Agricultura norteamericana salió a poner paños fríos y aclaró que el volumen de importaciones será poco, y que además nuestro país “enfrenta un problema de fiebre aftosa” (situación desmentida por productores locales).
Si bien la brújula parece mirar al norte, no hay que perder de vista que cuando se incrementan nuestras exportaciones cárnicas cae la oferta interna y suben los precios de la canasta alimentaria.
La prometida ayuda de Estados Unidos busca tranquilizar a los mercados acerca del repago de los vencimientos de deuda de los dos próximos años, principalmente por la vía del anunciado swap por “hasta” U$S 20 mil millones. Respecto de la negociación en la que se avanzaría con grandes bancos privados de Estados Unidos, por un monto similar, el CEO de J.P. Morgan, banco interesado en llevar a cabo la operación, señaló: “si alguien va a poner U$S 10 mil millones, necesita garantías, no por la actual administración, sino para que no sea traicionado en el próximo gobierno”. Una declaración que da cuenta de los condicionamientos que traería el préstamo en el que se trabaja.
En este marco, el ministro de Economía argentino señaló, tras su viaje a Washington: “vengo de las reuniones del G20 y del Fondo Monetario, y no podía creerlo (…), el mundo está mirando a Argentina”. Se le podría preguntar ¿a qué mundo se refiere? Seguramente al mundo de las grandes corporaciones internacionales, que alienta la concentración extrema de la riqueza y la producción, políticas de libre mercado que están llevando al cierre de empresas nacionales y a la baja del consumo popular.
En nuestro país, cada vez más personas dicen que no llegan a fin de mes y los indicadores muestran que más ciudadanas y ciudadanos empeoraron su situación respecto de noviembre de 2023. No es producto de la herencia o del azar, sino de las medidas de ajuste aplicadas por el actual gobierno.





