Clausuran pabellón de la Unidad Penitenciaria 60 de Merlo

El Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto, hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó la clausura inmediata del pabellón 4 de la Unidad Nº 60 de Merlo, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La medida judicial se dictó tras constatarse condiciones de detención “gravemente inhumanas, con niveles críticos de hacinamiento, falta de acceso a derechos básicos y deterioro edilicio estructural”, pese a ser una cárcel inaugurada hace apenas dos años. Así lo informó el organismo provincial y Primer Plano Online pudo constatar con fuentes del SPB.

Según describió la CPM, el pabellón en cuestión “registraba una sobrepoblación del 400%” y un “régimen de aislamiento de 18 horas de encierro en celdas que son para 2 personas y en las cuales se alojan 10 ó 12 internos”

La presentación fue realizada por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de una inspección en la que se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos” de las personas privadas de su libertad. Al momento de la inspección, el pabellón 4 albergaba a 165 detenidos, cuando la capacidad establecida por el Servicio Penitenciario Bonaerense es de 62. “Al menos 25 dormían en el piso por falta de colchones”, se precisó.

Condiciones “inhumanas” de detención

El cupo penitenciario de 62 personas, no obstante, contradice los estándares establecidos por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. En las 16 celdas del pabellón, cada una con capacidad para alojar a 2 personas, se construyeron dos camas cuchetas que habilitaron el lugar para 4 aunque, en los hechos, se terminaron alojando 10 ó 12.

“En función de esto, la sobrepoblación del pabellón asciende al 400%. El espacio se torna nulo e intransitable para las personas que ni siquiera pueden moverse de un lugar a otro durante gran parte del día”, indicaron desde la CPM. Desde el Servicio Penitenciario confirmaron a Primer Plano Online que están acelerando gestiones para “habilitar nuevas plazas”.

El informe presentado, que derivó en la clausura, denunció la existencia de un régimen de encierro de al menos 18 horas diarias y “condiciones edilicias deplorables”, entre las que enumeraron “cloacas que se tapan con frecuencia, presencia de cucarachas y roedores, filtraciones de agua desde los baños hacia las celdas, falta de calefacción, celdas sin vidrios, cortes muy recurrentes de agua y termotanques que no funcionan”.

También se documentó la ausencia de separación física en los sectores de duchas, lo que obliga a las personas detenidas a improvisar cortinas con bolsas de nylon para preservar su intimidad. A ello se suman serias deficiencias en el acceso a la alimentación, las personas declararon que la comida que llegaba era insuficiente, “extremadamente grasosa, muchas veces mal cocida”.

Falta de acceso a la salud

El hábeas corpus al que la justicia le dio curso también denunció la “falta de acceso a la salud, con escasa o nula atención médica, falta de medicamentos y sin asistencia psicológica”. Entre las medidas de prueba, la jueza solicitó a la Dirección de Salud Penitenciaria un informe sobre el personal médico designado para cumplir funciones en la Unidad Penitenciaria. “Ese oficio judicial ni siquiera fue respondido”, indicaron desde la CPM.

En la resolución, la magistrada remarcó que “los gravísimos problemas aquí planteados son de larga data y públicamente conocidos por todos los operadores del sistema, sin que a la fecha se haya intentado seriamente una solución cabal”. Y recordó que ella misma, en octubre pasado, había formado un legajo de actuaciones por las condiciones de alojamiento en esa unidad sin que se modifique hasta ahora el grave estado edilicio del penal.

Así, la justicia ordenó reubicar en otro sector del establecimiento carcelario a las personas alojadas en el pabellón clausurado. La decisión también fue notificada a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y al Comité Permanente de Seguimiento de Personas Privadas de Libertad.