un ajuste mínimo con daños culturales máximos

El Gobierno de Javier Milei avanza con la polémica decisión de privatizar Cine.ar, la plataforma pública de streaming y señal televisiva dedicada al cine argentino. Esta medida, anunciada recientemente por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), implica transferir la gestión a una entidad estatal vinculada directamente a la Presidencia, en lo que se presenta como un “paso hacia la eficiencia y la libertad económica”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se esconden severos riesgos para la diversidad cultural y el acceso equitativo a la producción audiovisual nacional.

Desde su creación, Cine.ar ha sido una herramienta fundamental para democratizar el acceso al cine argentino, especialmente en provincias y regiones donde las salas comerciales son limitadas o inexistentes. La plataforma no solo difunde películas, sino que también promueve una producción federal y diversa, algo que contrasta con la concentración que impera en el mercado audiovisual privado.

El argumento oficial del Gobierno apunta a un ahorro anual de 330.000 dólares en salarios y gastos operativos, un monto que representa menos del 1% del presupuesto total del INCAA, que en 2024 superó los 37 millones de dólares. Esta cifra, por sí sola, pone en duda la justificación económica de la medida, más cuando se considera el valor simbólico y práctico que Cine.ar tiene para la cultura nacional.

El traslado de Cine.ar hacia una gestión centralizada elimina la actual estructura autárquica y federal, poniendo en jaque su sistema representativo que incluye representantes provinciales, regionales y nacionales. Este sistema ha sido vital para asegurar la inclusión y la pluralidad en la programación y gestión, un modelo que ha sido tomado como ejemplo en Iberoamérica.

Rechazo a la privatización de Cine.ar

La comunidad audiovisual y cultural ha manifestado un amplio rechazo a la medida. Para teatristas, cineastas y sindicatos, esta privatización es parte de una política más amplia de desmantelamiento de instituciones culturales públicas, que afecta no solo al cine sino a toda la escena cultural federal. Se teme que la medida cierre canales de distribución fundamentales, afecte el trabajo de cientos de profesionales y reduzca la oferta cultural accesible a grandes sectores de la población.

Además, el contexto político en el que se da esta privatización es clave. La gestión de Milei ha mostrado una agenda económica centrada en el ajuste y la reducción del gasto público, especialmente en áreas vinculadas a derechos culturales y sociales. En este marco, la “eficiencia” se traduce, para muchos, en un recorte con impacto real sobre la diversidad y el acceso cultural.

El debate ahora pasa por el Senado, que deberá definir si acompaña o frena esta avanzada. La defensa de Cine.ar y de la Ley Nacional de Cine es crucial para sostener una cultura federal, plural y democrática, que no puede ser subastada en nombre de una “libertad económica” que solo beneficia a pocos.