La situación alimentaria de la población argentina atraviesa una situación crítica. Así lo confirma un documento técnico presentado durante el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, realizado en Buenos Aires a comienzos de septiembre. El informe, elaborado por un equipo de médicos y nutricionistas liderados por el licenciado en Nutrición Sergio Britos, advierte que casi 26 …
alimentarse de manera saludable cuesta 7 veces más que la canasta básica que mide el INDEC

La situación alimentaria de la población argentina atraviesa una situación crítica. Así lo confirma un documento técnico presentado durante el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, realizado en Buenos Aires a comienzos de septiembre.
El informe, elaborado por un equipo de médicos y nutricionistas liderados por el licenciado en Nutrición Sergio Britos, advierte que casi 26 millones de personas en Argentina (60% de la población) presentan sobrepeso u obesidad. Al mismo tiempo, la mayoría de la población presenta malnutrición por falta de acceso a alimentos saludables y diversos, sobre todo en los sectores de menores recursos y en la infancia.
Según un relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Garganta Poderosa, la Fundación Temas, y la UBA, el 60% de las familias en barrios vulnerables asiste a comedores comunitarios, donde la calidad nutricional de los menús descendió drásticamente desde 2024.
“En las últimas décadas, se consolidó un patrón alimentario que combina exceso de calorías con déficit de nutrientes esenciales como vitaminas y proteínas, lo que conduce a deficiencias y enfermedades crónicas. Pero no se trata de una responsabilidad individual: forma parte de un sistema alimentario que no tiene como objetivo una alimentación saludable, acompañado de una economía que limita el acceso a los alimentos de calidad y una ausencia de Educación Alimentaria y Nutricional”, afirmó el Lic. Sergio Britos, coordinador del informe y vicepresidente del XXIII Congreso Argentino de Nutrición.
Malnutrición infantil
El documento, titulado ‘Sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental’, describe que la malnutrición atraviesa todas las etapas de la vida. En la infancia, se expresa en amplios déficits de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales.
En la adolescencia, persisten las dietas escasas en vegetales, frutas y lácteos y excesos de harinas refinadas, panificados y alimentos ocasionales. En los adultos, se manifiestan altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y cardiovasculares.
A esta realidad, el trabajo suma un dato inquietante: la inseguridad alimentaria alcanzaba a fines de 2024 al 35,5% de los niños y adolescentes. Eso implica que más de uno de cada tres chicos no accede de forma adecuada y sostenida a los alimentos que necesita para desarrollarse. Y, aún más grave, lo poco que llega a su mesa suele tener una calidad nutricional muy pobre.
“La malnutrición no es solo la falta de comida, sino falta de acceso a alimentos frescos, variados y nutritivos”, resume Ayelén Borg, licenciada en Nutrición, coautora del documento y especialista en políticas alimentarias.

Sistema agroalimentario injusto
La investigación presentada en el Congreso de Nutrición realiza un análisis integral del sistema alimentario argentino y plantea que la causa del problema no es la falta de alimentos. De hecho, en el país existe una disponibilidad energética por encima de las 3300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona. El problema es cómo se distribuyen.
Nuestro sistema, sostiene el informe, produce en exceso granos, aceites y carnes, pero no alcanza a cubrir las cantidades mínimas necesarias de frutas, verduras, legumbres ni lácteos. Estas brechas afectan a la mayoría de las provincias. Solo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se abastecen de los alimentos que componen una dieta saludable. El resto depende de alimentos que se originan en lugares distantes, encareciendo sus costos.
“Cuando uno observa qué se produce y qué se come, queda claro que no hay una estrategia ni objetivos nutricionales que orienten al sistema alimentario. Las Guías Alimentarias (GAPA) no se utilizan. Se produce en función a los incentivos del mercado y no existen políticas en favor de la producción y el consumo de alimentos más saludables”, advirtió Britos.
El costo de alimentarse (bien)
Otro factor que agrava la situación es el costo relativo de los alimentos más nutritivos. Según el análisis económico del informe, comprar 100 calorías de alimentos saludables -como frutas, verduras o lácteos- cuesta hasta siete veces más que obtener las mismas calorías en base a panificados o harinas; que son los que predominan en la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC.
En un contexto de difícil situación económica y elevados índices de pobreza, desde 2018, los alimentos más saludables fueron sistemáticamente más caros que los de baja calidad nutricional. Así, la dieta de los sectores vulnerables además de ser insuficiente en cantidad, lo es, sobre todo en calidad, afirma el trabajo.
“El sistema impositivo también impacta de forma regresiva: hasta el 40% del precio de los alimentos está compuesto por impuestos. Eso encarece aún más lo saludable y refuerza la desigualdad”, sostuvo la Lic. Borg.
El documento también cuestiona la actual Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como referencia oficial para medir la pobreza. Según los autores, desde hace muchos años esta canasta ha dejado de representar una dieta saludable. Los alimentos más nutritivos de una alimentación de calidad cuestan, en promedio, un 37% más que el valor informado por el INDEC.
El impacto de la motosierra en la mesa
El panorama se agrava por el ajuste implementado por el gobierno nacional en planes como AlimentAr, que originalmente tenía carácter alimentario, y hoy funciona como una transferencia general de ingresos sin foco nutricional. De mismo modo, el Apoyo Alimentario 1000 Días, destinado a niñas y niños menores de tres años, no garantiza que los fondos se destinen a alimentos saludables.
A esto se suma el desfinanciamiento y cierre de comedores escolares y comunitarios y las crecientes deficiencias en infraestructura, provisión, gestión y calidad de sus menúes de los que aún continúan.
El informe también señala el retroceso que implicó la discontinuidad del programa ProHuerta, históricamente valorado por su impulso a la producción local y comunitaria.
En materia regulatoria, el trabajo también pone el foco en la implementación del Etiquetado Frontal de Alimentos. A casi dos años de su entrada en vigencia, su impacto en las decisiones de consumo es limitado. Según una reciente encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) sólo el 50% de los consumidores ha dejado de comprar algún producto por las advertencias de los octógonos.
“El etiquetado frontal debe acompañarse de campañas educativas sostenidas, hoy ausentes, tanto en la escuela como en los medios de comunicación”, señalan los autores del informe.
Evitar el desperdicio
Otro eje abordado por el documento es la pérdida y desperdicio de alimentos, a lo largo de toda la cadena, desde la producción, al transporte, almacenamiento, comercios y en los propios hogares de todas las clases sociales.
“Concientizar y educar para aprovechar los alimentos y reducir su pérdida y desperdicio no solo tiene un impacto positivo ambiental y económico, sino que también podría mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables”, concluye el trabajo.
Finalmente, el informe presentado en el Congreso Argentino de Nutrición destaca que “la educación es fundamental, pero no alcanza con decirle a la gente qué debe comer si no tiene los medios para hacerlo. Hay que enseñar, sí, pero también garantizar que lo aprendido se pueda poner en práctica”.