Las CGT y las CTA repudian el salvataje de EE UU y le atribuyen el apuro por la nueva reforma laboral

El gobierno salió a pedir la escupidera. En un último manotazo de ahogado, Luis Caputo consiguió que el Tesoro de los Estados Unidos aprobara un rescate bajo la forma de un swap por U$S 20 mil millones y una inédita operación de compra de pesos. Aspiran poder controlar el tipo de cambio hasta al menos las elecciones y, así, poner un límite a una nueva paliza electoral.

La letra chica del acuerdo y la contraparte que exige Trump a la Argentina se desconoce. De todas maneras ya era de presumir su pretensión de que el gobierno acelerara las reformas  laboral y tributaria.

Es lo que anunció Javier Milei en la planta de Sidersa de San Miguel. Allí celebró el rescate norteamericano para acto seguido confirmar que será necesario implementar “una reforma general del régimen laboral para dar previsibilidad e incentivar la contratación formal”.

Allí puntualizó los ejes de la pronta ofensiva que, entre otros puntos incluidos en el Título IV del DNU 70/23 suspendido por la justicia como la conformación del banco de horas, concentró “en impulsar la negociación de los convenios colectivos que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”. Además, cargó las tintas en la «incertidumbre jurídica» que genera la litigiosidad promovida por quienes calificó de “caranchos laboralistas”.

El documento de convocatoria al 61° Coloquio de IDEA donde «el sector empresario presentará su mirada sobre los desafíos del país» y se realizará esta semana, entre otros puntos, propone discutir la manera de “reducir la informalidad laboral; modernizar marcos laborales y relaciones sindicales; y mejorar la eficacia del sistema judicial laboral”.

Hoja de ruta

En el Congreso ya existe un proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez que dispone el banco de horas para flexibilizar la jornada de trabajo según las necesidades de productividad y establece un mecanismo de indexación de los créditos laborales según la evolución del IPC y un 3% adicional. La fórmula va a contramano del criterio vigente a partir de la jurisprudencia y las «acordadas» avaladas por la Corte que disponen la capitalización de los intereses en favor del trabajador conocida como «anatocismo». La propuesta de Diez, además de garantizar un saldo pernicioso para la parte obrera en la disputa por el monto de una indemnización, más de fondo, implica un estímulo a las patronales para el incumplimiento de sus obligaciones que profundizará la litigiosidad judicial.

A las empresas les resultará conveniente judicializar las cesantías para, durante el período del juicio,  invertir el dinero de los trabajadores en instrumentos financieros con mayor rentabilidad que la establecida por el proyecto. Un diferencial garantizado para quienes, peor que caranchos, como fondos buitre pondrán las garras en el salario diferido.

Más allá de la falacia comprobada sobre la antigüedad de los convenios vigentes (según el CETyD el 54% fue firmado entre 2003 y 2014 y otro 25% entre 1980 y 2000) y que ni el presidente ni fuentes de Trabajo consultadas detallaron su implementación, la discusión compulsiva de todos ellos implica dejar sin efecto el principio de ultraactividad. El criterio garantiza la vigencia del convenio laboral más allá de su vigencia hasta tanto no acuerden lo contrario ambas partes. Es un recurso de defensa de los derechos conquistados que limita la capacidad de extorsión patronal y da sustento a la estructuración sindical que se funda en la organización colectiva de la clase trabajadora. Lo mismo que el principio de irrenunciabilidad que también está en la mira de la reforma.

Para suspender el criterio o dejarlo sin efecto hace falta una ley. Hacerlo por DNU resulta inconstitucional. Otro camino podría ser hacerlo con la anuencia de los dirigentes a través de la convocatoria a una mesa de diálogo general o sectoriales.

Repudio tajante

El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, señaló a Tiempo que “más allá de la fortaleza que puedan haber conseguido hasta las elecciones, desconocemos las condiciones en las que se ha acordado este salvataje. Lo han hecho a espaldas del Congreso y la sociedad toda. Pero nadie hace caridad”.

Mario Manrique, dirigente del SMATA y diputado de UxP, señaló que “este salvataje no es un acuerdo que permita a la Argentina ningún tipo de estabilidad monetaria ni despegue productivo. El gobierno debe decir con claridad cuáles son las exigencias del Tesoro (de EE UU). Ya estamos pagando el costo social de esas medidas”.

El dirigente, que renunció al Consejo Directivo en disidencia con la mesa chica cegetista, recordó que “la reforma laboral es la meta que se propuso EEUU desde que asumió este gobierno. Buscan una primarización general que incluye la precarización. Quieren llevar al laburante a descivilizarse para conseguir un trabajo”.

Sola coincidió en que es “una cuestión pretendida desde la ley Ómnibus que pretendió meter por decreto. No pueden tocar derechos laborales sin que intervengan las partes interesadas y sus representantes. La mayoría de los convenios tiene una actualización permanente. Con el piso de la Ley de Contratos del Trabajo podemos discutir pero este gobierno intervino las paritarias salariales imagínate si no va a intervenir en las de condiciones laborales”.

Desde la CTA Autónoma, Hugo Godoy opinó que “el grado de entrega y de subordinación al gobierno de Estados Unidos y al FMI es extremo. La jefa del Fondo dijo que ‘se necesita el acuerdo de la población para avanzar en la reducción del 40% o 50% en pensiones y sueldos’”.

Godoy coincidió en que “son exigencias del Fondo que el gobierno tratará de imponer por ley o decreto. Confío en nuestro pueblo y en su capacidad de movilización que es muy importante sostener junto con la exigencia de juicio político y destitución de Milei para ponerle límites a esta tiranía corrupta y entreguista”.

La otra cara del rescate. La elección plasmará la relación de fuerzas para esa batalla, en la calle y en el Congreso.