una crisis signada por el ajuste y la expulsión de pequeños productores

En los últimos dos años, la política económica basada en la liberalización del comercio, la apertura de importaciones y el retiro del Estado del sistema productivo acentuó una crisis que atraviesa a toda la ganadería argentina.

Detrás de los números que muestran subas interanuales en el precio de la hacienda y caídas en los volúmenes exportados, se esconde un proceso más profundo: el desplazamiento sistemático de miles de pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.

El sector ganadero de cría, núcleo del sistema productivo federal, es hoy uno de los más golpeados. En septiembre de 2025, los precios de la hacienda subieron un 60,4% interanual, pero la faena cayó 3,3% y las exportaciones retrocedieron 11,7% en los primeros ocho meses del año, ubicándose en 539.000 toneladas, un nivel 3% inferior al promedio de los últimos cinco años.

Sin embargo, esa mejora de precios no llegó a los productores más chicos, que enfrentan costos dolarizados, acceso restringido al crédito y políticas diseñadas para quienes exportan.

Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas (BF) y productor de Córdoba, resume cuáles son las medidas oficiales que “no fueron pensadas para los pequeños ni medianos productores”. El dirigente explica que programas como el crédito “valor producto” terminaron beneficiando a quienes tienen “rodeos de más de 200 madres, cuando gran parte de los criadores familiares apenas alcanza la mitad de ese número”.

A eso, se suman nuevas obligaciones como la implementación de la “caravana electrónica”, que lejos de representar una mejora, implican un costo adicional imposible de absorber. A pesar de apoyar las medidas que tecnifican al campo, Baravalle considera que este sistema “trae algunos beneficios, pero muy pocos al criador que en muchos casos solamente ponen la caravana en el momento de la venta”, generando que el gasto que antes recaía sobre los grandes engordadores se trasladó a los criadores.

“El ternero duplicó su precio desde la llegada de Milei, pero los costos fijos se triplicaron”, resume Baravalle. En la escala pequeña, esa ecuación vuelve inviable la actividad. La especulación cambiaria, los precios atados al dólar y la falta de financiamiento completan un cuadro que combina caída productiva, pérdida de eficiencia y endeudamiento.

“Tenemos la posibilidad de mejorar la eficiencia en todos los estratos productivos, pero el Estado no lo asume como política pública”, plantea el vicepresidente de Bases Federadas, organización integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

Según explica, la diferencia entre un criador con índices de preñez del 95% y otro con un promedio del 75% puede representar hasta 120 millones de pesos anuales de facturación. “No se trata de tener más vacas, sino de generar más terneros, y eso se logra con acompañamiento técnico, no con medidas aisladas”, señala.

Esa falta de políticas también se evidencia en el sector porcino, que sufre el ingreso masivo de carne importada desde Brasil. Entre enero y agosto, las importaciones aumentaron 525% interanual y pasaron de 5.600 a 35.000 toneladas. Esto desplazó a los criadores locales y deterioró la balanza comercial, que pese a mantener un superávit de 110 millones de dólares, cayó 20% en relación al año pasado. Las promesas de competitividad se tradujeron en una mayor dependencia y en el cierre de granjas familiares.

Crisis hídrica en el norte de Santa Fe

En el norte santafesino, la crisis productiva se combina con una emergencia ambiental que arrastra décadas. En dialogo con Tiempo Rural, Silvina Asturiano, productora ganadera y presidenta de la Filial Villa Minetti de la Federación Agraria Argentina, describe una situación límite en los Bajos Submeridionales.

Desde 2004, la región, especialmente el departamento 9 de Julio, alterna entre sequías extremas e inundaciones prolongadas, sin posibilidad de recuperación. “Hubo años en que ni siquiera teníamos agua para los animales. Ahora las fuentes están tan mineralizadas que el ganado no la puede tomar”, explica. 

La falta de políticas hídricas de largo plazo agrava el panorama. Durante medio siglo, los gobiernos priorizaron obras de drenaje para evacuar los excesos, sin atender el problema de fondo que tenía que ver con la retención de agua para las épocas de sequía.

“Necesitamos obras que ayuden a recargar las napas y retener el agua de lluvia, porque sin eso la ganadería del norte es inviable”, plantea Asturiano.

La ganadería es la principal actividad económica de los Bajos Submeridionales, con 3,5 millones de hectáreas que funcionan como “la fábrica de terneros” de Santa Fe, pero hoy los productores deben acarrear agua en camiones, comprar rollos para alimentar el ganado y enfrentar tasas comunales que se cobran aun en emergencia.

En los distritos de Tostado, Pozo Borrado, Villa Minetti y San Bernardo, los rodeos muestran una eficiencia mínima, con altos niveles de mortandad y destetes muy bajos. “El gobierno provincial hace oídos sordos. Solo ofrece créditos con intereses que el pequeño productor no puede pagar, mientras las promesas de asistencia se dilatan”, denuncia Asturiano, quien señala que ni siquiera se cumplieron los compromisos de prorrogar la emergencia hídrica. “Estamos criando terneros en guacheras para salvar las vacas. Es desesperante”, resume.

Ante esta situación del sector, desde diferentes organizaciones de pequeños y medianos productores, entre ellas la Mesa Agroalimentaria Argentina, vienen reclamando una política federal que priorice el mercado interno y el arraigo rural. La propuesta incluye un Plan de Producción de Alimentos con precios de referencia, créditos accesibles y un fondo de estabilización de insumos.

En un contexto donde “el consumo interno de carne cae, las importaciones crecen y las exportaciones se concentran, los productores sostienen que no se trata solo de rentabilidad, sino de soberanía”.