La oleada de cierres y la reforma laboral configuran un desafío histórico para los trabajadores

Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dan cuenta del cierre de 19.164 empresas desde que asumió el gobierno de Javier Milei hasta agosto de este año. Son alrededor de 30 empresas que bajan sus persianas cada día en forma persistente durante casi dos años.

De ese total, 1974 corresponden al sector manufacturero. La información, compilada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), no incluye la última oleada de cierres que recrudeció esta semana y tuvo como exponente principal a la planta que la empresa Whirlpool tiene en la localidad de Fátima, Pilar, que abrió hace apenas tres años en un anuncio con bombos y platillos que incluyó la creación de 300 puestos de trabajo. Para la empresa la decisión fue resultado de “una fuerte caída en las ventas y el incremento de importaciones”. Un operario despedido explicó que “nos dijeron que es más barato traer el producto de afuera y venderlo”.

La estadística de la SRT, con cierre en agosto de 2025, tampoco contabiliza el cierre de la autopartista DANA en San Luis, ni el de la planta de YPF en Concepción del Uruguay, que afectó a 60 trabajadores. Tampoco el de tres de las plantas de la avícola Granja Tres Arroyos, ni el de la textil Sueño Fueguino, la planta de tratamiento de residuos ID, una de las plantas que la fábrica de rodamientos SKF tenía en Tortuguitas ni la presentación de quiebra de Acerías Berisso, la que se dispone a cerrar sus puertas en los próximos días. No aparece en el número de la SRT el cierre de la fábrica de muebles Color Living, de Pacheco, que dejó en la calle a 40 trabajadores.

Así las cosas, el fenómeno de los cierres de empresas en general y del sector industrial en particular, lejos de encontrar un piso, parece ir camino a una aceleración.

Pato de la boda

Los cierres de empresas hasta agosto de este año fueron acompañados por la destrucción de 276.624 puestos de trabajo registrado de los cuales 55.941 corresponden al sector industrial. Se trata de una contracción equivalente al 4,6% en apenas 21 meses.

La crisis la están pagando los trabajadores con salarios a la baja y miles de despidos. Las empresas, por su lado, promueven reconversiones que, cuando no implican un giro hacia la especulación financiera, en general, apuntan al reemplazo de la producción local por la importación.

Así lo anunciaron, entre otras, Whirlpool y SKF. Idéntica decisión tomó la fábrica de calzado Viamo que cerró decenas de locales y se convirtió en una distribuidora de zapatos y carteras importadas de Brasil. Es también lo que denuncian los trabajadores del neumático que, a través del SUTNA, reclaman una regulación de las importaciones que llevan adelante las patronales de Pirelli y Bridgestone desde sus filiales en otros países de la región.

Respuesta

La crisis industrial representa un desafío más apremiante para las organizaciones sindicales que para las cámaras patronales que, expectantes, aspiran a recuperar la competitividad que resignan por la vía cambiaria a través de las reformas tributaria y laboral. El gobierno ya les prometió avanzar en ese camino durante las sesiones extraordinarias que se llevarán adelante en diciembre y enero.

Con todo, la reciente oleada de cierres desmiente la idea que pretende instalar el gobierno y que sostiene que la reforma laboral servirá para crear empleo registrado. ¿Cómo se explica que emporios industriales como Whirlpool cierren sus plantas en noviembre a sabiendas de que todo indica que, en algunas semanas, contarán con la normativa que supuestamente los habilita a producir y crear puestos de trabajo?

La respuesta es simple. La reforma laboral, tal como quedó demostrado en la historia de este país y de otros también, no ayuda a crear empleo sino a mejorar la rentabilidad sobre la base de una mayor tasa de explotación en detrimento de los trabajadores. El empleo, está verificado, depende de los ciclos económicos y no de la normativa laboral. Por el contrario, la flexibilidad acelera las cesantías.

En este contexto la incógnita es la actitud que tomará la CGT. O si, en todo caso, el agravamiento de la crisis del empleo y la ofensiva contra las organizaciones sindicales y las condiciones de trabajo que implica la reforma laboral, los forzará a abandonar la estrategia dialoguista.

Esta semana el representante de la CGT en el Consejo de Mayo participó de una de las reuniones del organismo encargado de “consensuar” esa normativa. Al salir, Gerardo Martínez señaló que “tuvimos la oportunidad de escuchar las ideas que tenía el gobierno. Nosotros exponiendo lo que siempre planteamos: la necesidad de que cualquier modernización que se pudiera dar en el campo del trabajo no podía ser bajo ningún punto de vista afectando los derechos constituidos de los trabajadores”.

Entre líneas, Martínez acepta la necesidad de “modernizar” las relaciones laborales y da lugar a que la posible reforma no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores actualmente bajo convenio. La idea presente entre varios promotores de la reforma laboral desde el sector patronal y consiste en profundizar la segmentación del mercado de trabajo apostando a una reforma “diferida” que, en un plazo de 15 o 20 años, abarque a la totalidad de la fuerza de trabajo.

Por el momento, parece que la resistencia no vendrá de la cúpula cegetista sino apenas de algunos sectores.