es necesario un Estado que acompañe, fiscalice y no deje zonas grises

El proyecto, presentado por diputados de la UCR y el PRO con respaldo de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), fija zonas de resguardo de apenas 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 para las aéreas.

Una distancia estándar para todo el país, como si fuera igual aplicar en la llanura de la cuenca del Salado que en las sierras de Tandil, donde la pendiente y las inversiones térmicas pueden llevar la deriva mucho más lejos, sin tener en cuenta las condiciones ambientales (como velocidad del viento o temperaturas) y las condiciones de aplicación (como tamaño de gota, presión de pulverización etc.).

No tenemos que inventar nada, solo tener en cuenta la experiencia de otros países (por ejemplo, muchos europeos), donde los equipos tienen un sistema de alarma que bloquea la aplicación cuando los sensores determinan que las condiciones no son adecuadas.

Aun así, este proyecto tiene un punto positivo, y es que el ingeniero agrónomo sea quien firme la receta fitosanitaria. Al igual que un médico prescribe un tratamiento, el agrónomo debe asumir la responsabilidad técnica. Pero eso requiere un Estado que acompañe, fiscalice y no deje zonas grises.

Si existen productos bajo sospecha científica, no pueden seguir en el mercado “hasta que se demuestre lo contrario”. La biología no funciona como la matemática: los efectos ambientales y en la salud suelen combinarse, enmascararse o aparecer años después. Por eso, será clave vincular la receta agronómica a un sistema de seguros de aplicación, donde técnicos, aseguradoras y Estado compartan responsabilidades.

Hace poco participé como testigo en un litigio. Fue difícil ponernos de acuerdo si un daño en un cultivo por helada estaba enmascarado por un herbicida. Los procesos biológicos no son exactos, hay sinergias invisibles. Debemos anticiparnos a los riesgos, incluso a los que no se ven.

El otro cuello de botella es el Senasa. Esta ley se apoya en que solo se usarán productos autorizados por el organismo, pero el Senasa sigue aprobando moléculas prohibidas hace años en la Unión Europea, como atrazina, insecticidas de alta toxicidad, etc.

Un ejemplo claro es la utilización de fofitos para el control fúngico y como bioestimulante, que recién los estamos empezando a utilizar en Argentina, mientras que en Europa se acaban de prohibir. Detrás de esto están las presiones de las multinacionales proveedoras de insumos, que marcan el ritmo del modelo agrícola argentino.

Esta ley no habla en ningún punto de la formación profesional. En la Facultad de Agronomía de Mar del Plata, donde estudié, hay cuatro materias de economía, una sola de agroecología (optativa) y ninguna sobre salud humana relacionada con los agroquímicos. Aprendemos a calcular márgenes brutos, pero no a evaluar impactos sociales o ambientales.

Otra deuda del proyecto: no incentiva la adopción de insumos de bajo impacto. Los productos biológicos, de banda verde u orgánicos siguen siendo los más caros. El Estado debería ofrecer créditos blandos, reducir impuestos y apoyar el desarrollo de los mismos.

Hoy el negocio de maximizar la producción a fuerza de insumos solo beneficia a las corporaciones, mientras los productores seguimos cada vez con menos margen.

Argentina no necesita una ley que solo controle el uso de los fitosanitarios. Necesita un proyecto que cuestione el fondo del problema.

El debate debería centrarse en tres ejes:

• Cómo formamos a nuestros ingenieros agrónomos.
• Qué productos autoriza el Senasa.
• Cómo se incentiva el uso de insumos saludables.

Si no discutimos eso, todo lo demás será apenas un manual para seguir haciendo lo mismo que ya se hace.

* Ingeniero agrónomo y productor agropecuario (zona Tandil).